Noam Chomsky

El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.

Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.

Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.

Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.

También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.

Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.

En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.

El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.

La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.

La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.

Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)

La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.

Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".

En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.

Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".

El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.

"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".

Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".

Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.

Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de dar respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.

NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la "moneda de reserva" para los oros países que estaban en Bretton Woods.

Noam Chomsky, el intelectual vivo más citado y figura emblemática de la resistencia antiimperialista mundial, es profesor emérito de lingüística en el Instituto de Tecnología de Massachussets en Cambridge y autor del libro Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World.

El Nuevo Herald confirma que la liberación de Ingrid Betancourt ya estaba negociada mediante la traición de dos guerrilleros y que Uribe sólo los engañó

Pascual Serrano

Dos abogados colombianos que hasta ahora guardaron el secreto han contado a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos. Ya estaba totalmente acordada la traición de dos mandos guerrilleros que entregarían a los dos estadounidenses secuestrados a cambio de una fuerte suma de dinero ofrecida por los servicios de inteligencia estadounidenses. Los dos guerrilleros podían terminar asilados en Francia. Sin embargo, el gobierno de Colombia interceptó la operación para atribuirse los honores del rescate, los dos guerrilleros creían estar entregando a los retenidos según lo negociado y acabaron burlados.

Esta versión se ajusta perfectamente a la argumentada por la dirección de las FARC, quien afirmó que fue traicionada por los dos mandos responsables de la custodia, y demostraría que el gobierno Uribe sólo se dedicó a interceptar -y poner en serio peligro- una negociación que ya estaba cerrada. El gobierno de Colombia camufló aviones militares con color blanco para que pareciesen de una organización humanitaria y disfrazó a los militares de miembros de la Cruz Roja y periodistas de Telesur sin importarle violar la Convención de Ginebra. De esta forma, los dos guerrilleros creían estar entregando a los secuestrados según lo negociado y terminaron engañados. Y, de paso, se creaba suficiente desconfianza en la guerrilla para cerrar cualquier otro posible acuerdo humanitario.


Detalles inéditos de la Operación

Los helicopteros de fabricación rusa utilizados por el ejército fueron pintados de blanco para la operación

A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.

Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos.

Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que estuvo al tanto durante todo el proceso.

También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia, Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades norteamericanas, porque "si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias con los gringos, no has negociado nada'', dijo el socio de Toro López en diálogo con este reportero.

Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.

El 21 de mayo le informaban a Manciagli: "Como sabes, estamos tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [. . .] ¿podemos contar contigo?"

El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste respondió: "Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en esto''.

El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio para el caso y ese día le escribió a Toro López: "Hablé con mi colega [aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos, Jeffrey''.

El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y los dos carceleros de las FARC expuso que ‘‘ellos van a dar unas coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.

"Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente'', agregó el abogado no identificado.

Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.

"Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés'', contó el abogado no identificado.

‘‘Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera necesario'', pero "ellos decían que para dar el primer paso se necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las hubo''.

Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y el mandato que iban a llevar a cabo.

El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para actuar que incluía "aproximaciones, contactos, consultas...", con autoridades con el objeto de acordar "todo lo atinente al suministro por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia, que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de personas miembros de grupos armados al margen de la ley''.

Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.

Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser extraditados a Estados Unidos.

"A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió. La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad'', dijo Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex presidentes de América Latina.

Dos días después, el comité de apoyo a Betancourt que funcionó durante años en París pidió ayuda del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para obtener la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, incluyendo a los tres ex militares estadounidenses contratistas del Pentágono (Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes), quienes quedaron en poder de las FARC el 13 de febrero del 2003, cuando cayó a tierra en el departamento de Caquetá el avión Cessna Caravan-208 que tripulaban durante un vuelo de rutina en busca de plantíos de coca y de posiciones guerrilleras.

"Pedimos a George W. Bush que haga todo lo posible para que sus conciudadanos y todos los rehenes de las FARC sean liberados por fin, en condiciones que garanticen su supervivencia'', pidió el Comité con motivo de una visita de dos días de Bush a Francia en el desarrollo de una gira por Europa.

Con las firmas otorgando poderes a los abogados el proyecto entraría en la etapa final: los secuestrados serían liberados y saldrían de la selva en dos helicópteros junto con sus dos principales carceleros. Estos quedarían al amparo de un tercer país, preferiblemente Francia, para recibir asilo.

Pero el emisario que debía regresar con el poder firmado comenzó a tardar. Los abogados creen que habían transcurrido unos 15 días cuando fueron sorprendidos por las noticias el 2 de julio: los tres estadounidenses, Ingrid Betancourt y 11 militares y policías colombianos habían sido liberados en el transcurso de una operación de rescate "exactamente igual a la que nosotros habíamos preparado''.

La única diferencia consistía en que los mandos militares colombianos sostenían que los dos jefes carceleros habían sido engañados por los servicios de inteligencia, que los redujeron a golpes y con sedantes en pleno vuelo mientras los rehenes comenzaron a saltar emocionados dentro de uno de los helicópteros después que un oficial les anunció: "Somos el Ejército de Colombia, están libres''.

Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana habían sido pintados de blanco y rojo simulando ser de rescate y salvamento y eran tripulados por oficiales encubiertos que sacaron a los secuestrados fingiendo ser una misión humanitaria internacional que los llevaría, junto con los carceleros, hasta el campamento clandestino de Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo jefe de la organización terrorista.

"Bueno, otra cosa que resultó distinta fue lo de Aguilar y Farfán. No estaba previsto que quedaran presos ni que fueran a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.

Mientras la prensa internacional transmitía la noticia de la liberación, Manciagli, confundido, escribió un correo electrónico a sus colegas colombianos:

"Es muy buena noticia que han liberado a estos rehenes. Pero tengo mis dudas que pasó como todos están diciendo. No creo que fue un rescate''.

En conversación con El Nuevo Herald, Manciagli expuso:

"A mí me pareció muy extraña la manera como están diciendo que todo eso pasó, que los engañaron [a los carceleros de las FARC]. No creo la historia que dieron. Para mí, no fue así pero cuando eso salió en las noticias la primera cosa que yo pensé es que era un engaño, porque, como digo, me habían hablado exactamente de ese tema unas dos o tres semanas antes, el doctor Toro''.

Manciagli sostiene: "Mi hipótesis es que sí había una negociación y que ellos [los guerrilleros] pensaron que estaban entregando a esa gente como habían negociado. Pero el gobierno [de Colombia] quiso tomar el crédito para ganar más publicidad y todo lo que viene. Eso es lo que yo creo''.

La liberación es reclamada por Colombia como un rescate genial de su inteligencia militar y así es reconocida internacionalmente.

Hace dos semanas los abogados defensores de los dos carceleros, los penalistas Rodolfo Ríos y Eduardo Matías, aseguran que agentes del FBI habrían participado en la Operación Jaque y renunciaron a ejercer la defensa alegando que sus clientes los habrían engañado ocultándoles información valiosa sobre el caso.

A raíz de la protesta de Ríos y Matías se supo que en el pedido estadounidense a Colombia para la extradición de Aguilar y Farfán se revela que el FBI posee una computadora de este último. Esto, de acuerdo con los defensores, lo desconocía la propia justicia colombiana.

"Conocimos en la solicitud de extradición, hace apenas cinco días, que al momento de la captura de Alexander Farfán le fue incautado por agentes del FBI un computador con valiosa información'', dijo uno de los abogados defensores de los carceleros cuando anunciaron su renuncia.

"Se ha convertido al defensor en un simple espectador, sencillamente para que se simule que hay defensa como requisito formal, pero totalmente limitada en el ejercicio de la defensa técnica y de refutación de prueba'', agregó.

Ríos y Matías protestaron también porque, aseguran, durante los dos meses en que ejercieron la defensa de los terroristas no pudieron conocer el contenido de grabaciones hechas a conversaciones que Aguilar había sostenido con miembros de la jefatura de las FARC a través de teléfonos satelitales y comunicaciones radiales.

Los abogados también protestaron porque no les entregaron copias de grabaciones inéditas de video que alias Farfán filmó durante la entrega de los rehenes con una cámara que le fue incautada cuando fue arrestado a bordo del helicóptero.

El informe policial en que se basa el pedido de extradición de los dos carceleros, elaborado por el agente del FBI, Lázaro Andino, asegura que de acuerdo con la información en el computador incautado se ha podido determinar que Farfán viajó a Brasil en el 2003 para cambiar un cargamento de cocaína por armas de guerra.

En cuanto a Aguilar, el informe dice que durante el 2007 hizo múltiples llamadas a una empresa telefónica de Estados Unidos con el objeto de que le indicaran cómo manejar un teléfono satelital que le había dado, a cambio de cocaína, el narcotraficante colombiano José María Corredor Ibagué.

Estos vínculos con el narcotráfico son los puntales para conseguir que la Corte Suprema de Justicia de Colombia conceda la extradición de los dos hombres.

¿En qué punto los abogados contactados para la entrega de los rehenes salieron del libreto y en cuál los terroristas carceleros perdieron la posibilidad de obtener los beneficios que pedían a cambio de su gesto de ‘buena voluntad' ''?

Una fuente de la fiscalía colombiana que confirmó la versión de los abogados, aportó una hipótesis a El Nuevo Herald. Una atractiva guerrillera, con el alias de Doris Adriana, que estuvo en las FARC desde los 16 hasta los 36 años, era amante de Aguilar en el momento de caer en manos de las autoridades colombianas en febrero del 2008.

Contactada por agentes de inteligencia estadounidenses en la cárcel, a última hora habría hecho el papel intermediario que les quitaron a los abogados. De este modo, los amantes podrían volver a reunirse. De ser así, se le debería a Doris Adriana una buena parte del éxito de la Operación Jaque.

Toro López, su colega colombiano y Manciagli no creen por completo en la versión oficial colombiana sobre el rescate.

Cualquier conversación con ellos sobre este caso termina entre risas con una anécdota, contada por el abogado no identificado.

"Apenas se conoció la liberación comenzaron a llamarnos amigos del FBI, de la policía y de la fiscalía para felicitarnos. Hay quienes no quieren creer que nosotros no pudimos llegar hasta el final de lo que salió calcado a lo que planeamos desde mayo''.

Tlatelolco, 2 de octubre. Cuarenta aniversario de la masacre














Decenas de miles de personas han participado en las movilizaciones para conmemorar el 40 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que culminó con un mitin.

Estudiantes y miembros de diversas organizaciones sociales llegaron a la plaza del Zócalo de la ciudad de México luego que salieron de varios puntos para conmemorar el 40 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968. Un primer contingente, integrado en su mayoría por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entró por la calle de 5 de mayo al Zócalo, proveniente de la Plaza de las Tres Culturas.

El grupo que salió del Museo Nacional de Antropología e Historia avanzó por Paseo de la Reforma y en él participaron Carlos Monsiváis, Raúl Alvarez Garín, Jesús Martín del Campo y Pablo Gómez, quienes participaron en el movimiento estudiantil del 68. En la nutrida columna se observan pancartas que exigen que no se privatice el petróleo, libertad a los presos de Atenco, y que termine la persecución contra Lucía Moret.

Otra marcha salió de la Escuela Normal Superior de Maestros y desembocó en el Zócalo por la calle de Madero; una más, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, salió de Zacatenco hacia la Plaza de las Tres Culturas, de donde avanzó a la Plaza de la Constitución.

El 2 de octubre de 1968 el Ejército mexicano intervenía contra las manifestaciones del movimiento estudiantil que se estaba celebrando en la plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) en la capital mexicana. Hasta la fecha no se sabe el número de muertos, ni le de los desaparecidos que nunca aparecieron, esta ocultación junto con el castigo a los culpables son dos temas pendientes cuarenta años después. Diez días después comenzaban las Olimpiadas en esta misma ciudad, ningún país occidental movió un dedo como protesta ante este crimen, actitud que contrasta con la mantenida ante las olimpiadas de Beijing de este año.

La prensa, la Iglesia, el Gobierno y en especial la Secretaria de Gobernación, el ejercito, la Procuraduría de la República, la policía fueron todos culpables o cómplices de los hechos, de la ocultación y de la impunidad que perdura. Con este dossier SODEPAZ se suma a las acciones de conmemoración de esta fecha .