EL CLARIN DE CHILE FISCAL DESPISTADO

El Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, con oficio del 26 de octubre notificó al director de Punto Final (PF), Manuel Cabieses Donoso, que la investigación practicada durante un año por esa Fiscalía no encontró antecedentes ni indicios de infracciones a la libre competencia en la contratación de la publicidad estatal en los medios escritos. (Ver en estas páginas el oficio N° 1344 de la Fiscalía). Como se recordará, esta investigación se originó en la denuncia que el 13 de septiembre de 2006 presentó el director de PF ante la Fiscalía Nacional Económica. Esa denuncia se basa, entre otros antecedentes, en estudios del Observatorio de Medios Fucatel, del Colegio de Periodistas y de prestigiosos investigadores extranjeros y chilenos como Walter Krohne, que sostienen justamente lo contrario: que abundan las pruebas e indicios de una brutal violación de las normas de la libre competencia que beneficia a las empresas El Mercurio y Copesa. Y que este ilegítimo y abusivo proceder de las entidades públicas -en complicidad con empresas periodísticas y agencias publicitarias- no sólo pisotea las reglas éticas y jurídicas que deberían normar la libre competencia, sino que, además -y esto es aún más grave-, vulnera el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y al pluralismo informativo. De un modo tangencial, el Fiscal Nacional Económico recoge en su lacónica resolución ese aspecto que es fundamental en la denuncia de PF. En efecto, Vergara Vial dice que comunicará los resultados de su “investigación” al ministro Secretario General de Gobierno para los fines que tienen que ver con la libertad ciudadana de opinar y de informar. UNA POBRE INVESTIGACION Por supuesto, esa iniciativa del Fiscal Vergara no consigue equilibrar -como quizás fue su propósito- la penosa pobreza e inutilidad de un año de investigación sobre la publicidad estatal. Su comunicación al ministro Secretario General de Gobierno tendría valor y significado si estuviese precedida del reconocimiento de un hecho tan evidente y conocido como el que denunció el director de PF: la parcialidad y forma amañada con que el Estado distribuye su publicidad entre El Mercurio y Copesa (La Tercera, La Cuarta, etc.), marginando casi por completo a los medios independientes. Esto ha sido reconocido hace poco por la Cámara de Diputados, al aprobar el informe de su Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje del Estado que presidió el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami (ver PF 649). El favoritismo del Estado con El Mercurio y Copesa constituye un proceder de oscuras motivaciones políticas que hiere en lo profundo el pluralismo informativo y la libertad de expresión, favoreciendo la concentración de la propiedad de los medios de información. Esto ha sido vastamente probado en numerosos estudios e investigaciones que gozan de prestigio por su acuciosa metodología. Diversos centros de investigación, entre ellos Fucatel, así como diferentes autores, incluyendo especialistas extranjeros, han señalado la extrema ideologización de la publicidad estatal y privada en Chile: lo mismo que Punto Final viene denunciando desde hace años y que en 2006 llevó ante la Fiscalía Nacional Económica. Esa denuncia es el inicio de un tránsito institucional que Punto Final recorrerá ante todas aquellas instancias nacionales e internacionales que tengan competencia para conocer una cuestión que atenta contra la Constitución Política y tratados internacionales vigentes, perjudicando gravemente las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento del sistema democrático en Chile. Las conclusiones que plantea la investigación de la Fiscalía Nacional Económica insisten en una tergiversación argumental que utilizan los defensores habituales del sistema vigente de inversión publicitaria del Estado: que el Estado gasta miles de millones de pesos anuales en las empresas con mayor participación de mercado, o como señala el Fiscal Vergara, “las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”. Lo que oculta esta fraseología, usual en el discurso libremercadista, es que El Mercurio y Copesa son las “empresas con mayor participación de mercado” gracias, precisamente, a la caudalosa publicidad que les entregan la empresa privada y el Estado. Esos ingresos les permiten dominar el mercado y eliminar a los competidores más débiles. De hecho, no existe “libre competencia” en este mercado y esta realidad brutal no la percibió -o no se atrevió a percibirla- el Fiscal Nacional Económico. EL SUBSIDIO DEL AVISAJE La investigación de la Fiscalía Nacional Económica, que dirigió el abogado Cristián R. Reyes Cid, pidió antecedentes a todas las empresas periodísticas -incluyendo al denunciante, Punto Final- . Esto provocó alguna molestia en la Asociación Nacional de la Prensa, conglomerado empresarial que manejan El Mercurio y Copesa. El equipo del abogado Reyes acumuló varios tomos de documentos y declaraciones, que deben haber demostrado a la Fiscalía Nacional Económica que ninguna empresa editora de diarios y revistas subsiste sólo por ingresos derivados de las ventas. La nutriente fundamental son los avisos, pero a veces el ingreso publicitario tampoco alcanza a cubrir los costos operacionales. Las empresas deben recurrir a préstamos bancarios y otras fórmulas de financiamiento que requieren el apoyo de gobiernos, políticos y -sobre todo- de transnacionales que, en el caso de Chile, sostienen a los principales medios escritos y audiovisuales. Pero incluso con todo ese respaldo, las empresas periodísticas pueden verse en serios aprietos. Le sucedió a El Mercurio y Copesa, que al término de la dictadura militar acumulaban enormes deudas bancarias. El salvataje provino de la dictadura a la que habían apoyado con cuerpo y alma. En otro de los habituales manotazos a la caja fiscal, se ordenó al Banco del Estado -manejado por Alvaro Bardón, hoy columnista de El Mercurio- convertir en sal y agua las deudas con el sistema financiero. De modo que sostener que el Estado procede de manera correcta al contratar su publicidad con El Mercurio y Copesa, porque actúa “en función de parámetros de mercado”, constituye una falacia de la que lamentablemente se hace eco la Fiscalía Nacional Económica. Ya ni siquiera la derecha más extrema y libre mercadista se atreve a sostener ese argumento. Así lo demostró la votación unánime de la Cámara de Diputados al aprobar el informe sobre avisaje estatal que plantea severas críticas a la inversión publicitaria del Estado. El Parlamento ha señalado que “la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías antes enumeradas” (se refiere a las disposiciones de la Constitución Política sobre libertad de opinión y de información y al artículo 3° de la ley 19.733 que dispone… “el pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país”). UNA DEMOCRACIA FORMAL Por su parte, el Colegio de Periodistas -que apoyó la denuncia de Punto Final ante la Fiscalía Nacional Económica- viene luchando contra esta situación anómala que no sólo distorsiona la libre competencia sino que, sobre todo, afecta las libertades y derechos de los ciudadanos. En comunicación del 13 de septiembre de 2007 al Fiscal Enrique Vergara, los dirigentes del Colegio, Luis Conejeros Saavedra, presidente, y Tebni Pino Saavedra, secretario general, recuerdan que ya en los años 90 el Colegio de Periodistas afirmaba que se vivía una coyuntura muy especial: “Tenemos la oportunidad de adoptar las medidas que garanticen el pluralismo o de cerrar los ojos a la realidad, y deslizarnos por una pendiente sin retorno que derive en una sociedad sectaria en que se exprese una sola postura ideológica. Allí estaremos en presencia de una democracia meramente formal o en la antesala de perderla”. Y agregan: “A más de una década de dicha discusión, comprobamos que lamentablemente hemos caminado en la dirección que el Colegio de Periodistas temía: la concentración de medios tradicionales, que más allá del tema ideológico, se expresa hoy también en la calidad de los contenidos de los medios de comunicación en general, en la primacía de la información referente a las grandes urbes en desmedro de los contenidos regionales y locales, en el surgimiento de cadenas editoriales y radiales de capitales extranjeros y otras situaciones preocupantes”. El Fiscal Vergara Vial no hace ningún favor especial a la libertad de expresión y al pluralismo cuando señala que pondrá en conocimiento del ministro Secretario General de Gobierno los insignificantes resultados de la investigación al avisaje estatal. Los lectores que han seguido la prolongada campaña de Punto Final reclamando la participación de la prensa independiente en la publicidad estatal, saben que el ministro Ricardo Lagos Weber tiene una posición tomada en este asunto, nada diferente a la del Fiscal Vergara que no divisa infracción alguna en la forma en que el Estado distribuye su publicidad. En efecto, Lagos Weber (militante del PPD y confeso postulante a una senaturía por la V Región, donde precisará el apoyo mercurial) contestó el 14 de junio de 2006 la carta que Manuel Cabieses enviara el 27 de abril (PF 615) a la presidenta Michelle Bachelet (como había hecho antes con el ex presidente Lagos Escobar) solicitándole que “la publicidad del Estado llegue también a los medios independientes que hoy se encuentran marginados de ese derecho”. En su respuesta, Lagos Weber se lavó las manos -como ahora se las lava el Fiscal Vergara- con un oficio acartonado y burocrático que se limita a reseñar las disposiciones legales que rigen los contratos publicitarios del Estado a través del portal ChileCompra (en el que PF está inscrito al igual que otros medios independientes) y en los llamados “convenios marco”, que son la llave maestra a través de la cual se desvía el grueso del avisaje estatal a El Mercurio y Copesa (ver PF 619). “PUNTO FINAL” NO CLAUDICARA De manera que la probada despreocupación del ministro Lagos Weber por el cercenamiento que sufren la libertad de expresión y el pluralismo informativo, debido a la manipulación del avisaje estatal, permite anticipar que la comunicación del Fiscal Vergara Vial irá directo a un archivo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, condenada a la pena perpetua de acumular polvo y telarañas en La Moneda. Sin embargo, lo que no pasará a las sombras ni caerá en un silencio cómplice con la antidemocrática forma en que se distribuye el avisaje estatal, será la voz de Punto Final. Mientras PF tenga vida seguirá denunciando la oscura maquinación que en Chile se comete con los fondos fiscales destinados a publicidad y que deberían proteger el pluralismo de opinión e información. En buena medida ese dinero -que aportan las propias víctimas, los ciudadanos de la República- permite sostener la ideología reaccionaria hegemónica en Chile, que se ha fortalecido con la paternal ayuda de los gobiernos de la Concertación. Cerrado el capítulo de la Fiscalía Nacional Económica, PF acudirá a otras instancias, dentro y fuera del país. Sostenemos que es un deber del Estado democrático apoyar con su inversión publicitaria a los medios independientes que intentan romper el espinazo del pensamiento único que diariamente se inyecta a la opinión pública. Nuestro objetivo es el mismo que ha planteado la Cámara de Diputados: la dictación de “…una ley regulatoria de publicidad oficial, que promueva la transparencia y la eficiencia en la contratación y selección de medios…”. Sabemos que es imposible alcanzar esa meta en el Chile gobernado entre la Concertación centrista y la Alianza derechista. Por eso, vemos esta lucha asociada estrechamente a una batalla más compleja y de mayor aliento: la de construir una alternativa de gobierno democrática y popular PF (Publicado en “Punto Final” Nº 652, 23 de noviembre 2007) EL PARTO DE LOS MONTES Republica de Chile Fiscalía Nacional Económica Agustinas 853, Piso 2, Santiago ORD. Nº 1344 ANT.: Su denuncia de 13 de septiembre de 2006, Rol Nº 797-06 MAT.: Informa Santiago, 26 OCT. 2007 De: Fiscal Nacional Económico A: Sr. Manuel J. Cabieses Donoso Director Revista Punto Final San Diego Nº 31, Oficina 606, Santiago Informo a usted que no se han allegado antecedentes o indicios que permitan sostener la existencia de infracciones a la libre competencia por parte del Estado o sus organismos en la contratación de avisaje en medios escritos, ni tampoco que indiquen la existencia de conductas colusivas u otras anticompetitivas por parte de las empresas con mayores participaciones de mercado. De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado. No obstante, de acuerdo a la Constitución Política, es deber del Estado velar por la libertad de emitir opinión y de informar, y es deber de esta Fiscalía Nacional Económica promover la mayor competencia en los mercados, razón por la cual se comunicarán los resultados de esta investigación al señor Ministro Secretario General de Gobierno, para los fines a que haya lugar. Saluda atentamente a usted, ENRIQUE VERGARA VIAL Fiscal Nacional Económico Artículo publicado en la revista Punto Final